Perú sufre una intensa ola de calor, lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones fluviales que ya han cobrado 68 vidas y afectado a casi 200.000 personas en apenas tres meses.

Mientras las familias buscan sobrevivientes entre el lodo y los escombros, el Congreso del país debate sobre cualquier cosa menos la crisis climática. El desastre ha puesto de manifiesto una vez más la incapacidad y la falta de voluntad de una oligarquía gobernante corrupta y sus representantes políticos para proteger la vida y el bienestar de la mayoría de los trabajadores peruanos.

La capital, Lima, sufre una ola de calor sin precedentes. Febrero registró 18 días consecutivos de temperaturas récord, superando los 34,5 °C (94 °F), siete grados por encima de lo normal, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Las calles se derritieron bajo el sol, mientras que miles de personas en el interior de Perú sufrieron inundaciones repentinas y avalanchas de montaña.

El fenómeno que alimenta esta destrucción es 'El Niño Costero 2026', una corriente recurrente de agua cálida que se origina cerca de Ecuador. Los pescadores lo llamaron “El Niño” hace siglos porque aparece alrededor de la Navidad, en referencia al Niño Jesús. Pero la versión de este año, advierten los científicos, se intensifica por el calentamiento global, convirtiendo lo que antes era un patrón climático cíclico en una emergencia climática.

Episodios anteriores han dejado profundas cicatrices: “El Niño” de 1982-83 arrasó pueblos enteros; la ola de 1997-98 mató a más de 500 personas; el fenómeno de “El Niño de 2017” dejó gran parte del país sepultado bajo el lodo. Sin embargo, a pesar de estas repetidas lecciones, la clase política peruana no ha hecho prácticamente nada para prepararse.

Tras décadas de advertencias, aún no existe un plan integral de gestión de emergencias. Las defensas contra inundaciones, los sistemas de alerta temprana y el drenaje urbano adecuado siguen sin terminarse o son inexistentes.

Según algunos observadores, la verdadera razón es política: al menos el 60 por ciento de los legisladores peruanos están siendo investigados penalmente por corrupción, tráfico de influencias o falsificación de documentos. El fenómeno de “El Niño Costero de 2026”, en efecto, azota a un país cuyo gobierno ha dedicado más energía a defender a políticos corruptos que a construir su futuro.

Algunos analistas han descrito los daños como 'provocados por el Estado'. Las leyes aprobadas tras el desastre de 2017 fueron mal implementadas o quedaron en el olvido. El gobierno, dominado por las élites empresariales de Lima, sigue centrado en complacer a los inversionistas internacionales, ignorando a la población rural y a la clase trabajadora peruana.

Para quienes viven fuera de la capital, el mensaje es amargamente claro: “Les importa un bledo”.

Desde finales de 2025 hasta febrero de 2026, 68 personas han fallecido. Entre las víctimas se encuentran un director de escuela que se ahogó al volcarse su embarcación en el río Picha, y un policía nacional que fue arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a un perro varado en el río Rímac. El 22 de febrero, un helicóptero de búsqueda y rescate se estrelló en Chala (Arequipa), muriendo las 15 personas a bordo.

Las evaluaciones de los daños son abrumadoras: casi 1.000 viviendas destruidas, más de 5.000 inhabitables y 6.000 hectáreas de tierras agrícolas perdidas. Los economistas estiman los costos totales en 291 millones de soles (aproximadamente US$84 millones).

Mientras tanto, la desigualdad se ha agudizado. La élite empresarial y bancaria peruana depende de hospitales y escuelas privadas —pagando hasta US$2.000 mensuales por cada hijo— mientras que los servicios públicos para trabajadores y pequeños agricultores se desmoronan. Los pobres pagan el precio de la mala gestión de la élite tanto en salud como en vivienda.

Las escasas precipitaciones en Lima llevaron a sucesivos gobiernos a ignorar la necesidad de sistemas adecuados de alcantarillado y drenaje, no solo en la capital, sino en toda la región costera. Cuando llegaron las lluvias, las calles de las ciudades norteñas, como Tumbes y Piura, se convirtieron en ríos.

Las inundaciones también han provocado brotes de enfermedades, ya que el agua estancada propicia la proliferación de mosquitos y bacterias. Sin planes de contención efectivos, el gobierno es directamente responsable del creciente número de víctimas mortales.

Las autoridades tuvieron amplias advertencias. Tras la tragedia de 2017, el Congreso autorizó la financiación de proyectos de prevención. Pero en un país que ha tenido ocho presidentes en 10 años, el cumplimiento de las medidas fue inexistente en medio de un sinfín de escándalos y crisis cada vez mayores.

Según el SENAMHI, marzo traerá temperaturas aún más altas, con algunos días que superarán los 30 °C (86 °F) y una humedad sofocante.

En las regiones montañosas por encima de los 2.800 m.s.n., se esperan granizadas, mientras que en las zonas por encima de los 3.800 m.s.n. pueden producirse nevadas, relámpagos y vientos de hasta 35 km/h.

Sin embargo, importantes obras de control de inundaciones permanecen inconclusas o retrasadas, especialmente en Piura, Tumbes y otras ciudades del norte, donde familias obreras y migrantes construyen sus viviendas a lo largo de las riberas de los ríos. Cada año se repite el patrón: desastres, muertes, indignación, promesas... y luego silencio.

Las deficiencias en la planificación urbana han agravado la crisis. Los proyectos de vivienda se expanden de forma desordenada sobre terrenos pantanosos y cauces secos, mientras que la corrupción paraliza los esfuerzos de reconstrucción. Gran parte de la infraestructura del país es demasiado antigua o está mal construida para resistir los embates del cambio climático.

“El problema no es la naturaleza”, afirma un ingeniero de Lima citado por los medios locales. “Es la negligencia”.

Los expertos advierten que un futuro “super El Niño” podría eclipsar incluso la devastación de este año, exacerbado por el aumento de la temperatura del océano, la creciente densidad de población y el deterioro de las infraestructuras públicas.

Por ahora, la respuesta de Perú sigue siendo reactiva, no preventiva: la ayuda se envía solo después de que los ríos se desbordan. El costo, tanto humano como económico, continúa aumentando.

Mientras Lima y Callao se ven azotadas por la creciente violencia de las bandas de extorsionadores, gran parte de Perú se enfrenta a una lucha contra las fuerzas de la naturaleza y la apatía de quienes ostentan el poder. Miles de millones de soles prometidos para la prevención de desastres aún no se han materializado.

Cada nueva emergencia expone el mismo círculo vicioso: la corrupción engendra incompetencia, la incompetencia engendra tragedia y la tragedia se normaliza.

Hasta que este ciclo se rompa mediante un movimiento revolucionario desde abajo, cada nuevo “El Niño” encontrará al mismo Perú de siempre: desprevenido y dividido por la desigualdad social, donde la población trabajadora paga por la criminalidad y la indiferencia de la clase dominante capitalista y sus patrocinadores imperialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de marzo de 2026)